"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
No al Copago
Fiapas alerta de que la sentencia del Supremo sobre ayudas a ONG pone en peligro la atención de más de seis millones de personas
25/06/2015
La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) alertó este jueves de que la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulo el decreto que establece la concesión de subvenciones a las entidades del Tercer Sector de ámbito estatal pone en peligro la atención a más de seis millones de personas en España.
De estos seis millones, indicó la confederación en un comunicado, más de 35.000 se benefician de las actuaciones llevadas a cabo a través del Movimiento Asociativo de Familias-Fiapas.
"La convocatoria de subvenciones ahora declarada nula, prosiguió la entidad, ha permitido a Fiapas cumplir con su misión y objetivos como movimiento asociativo (
...), potenciando su proyección como agente social y miembro activo entre las entidades del Tercer Sector, actuaciones que no se pueden considerar como asistencia social como alega la sentencia del Supremo".
Además, añadió, los fundamentos expuestos por el Supremo llevan a temer un fallo similar con respecto a los programas desarrollados a cargo del IRPF, con el dinero recaudado a través de la casilla de 'Fines sociales' de la Declaración de la Renta.
Al respecto, Fiapas recuerda que en 2014 más de un centenar de profesionales llevó a cabo en todo el territorio nacional 8.000 gestiones derivadas de la atención y el apoyo a las familias, la prestación de más de 23.000 servicios de intervención logopédica y más de 650 horas de accesibilidad para personas sordas en actos y espacios públicos.
Todo ello gracias a esta asignación tributaria, que garantiza la coherencia territorial y la equidad, al evitar desigualdades entre comunidades autónomas.
Por este motivo, Fiapas se suma a las reivindicaciones de otras entidades del Tercer Sector al que pertenece, como es el caso del CERMI, que ya levantaron su voz contra esta decisión del Alto Tribunal y su consecuencia para la sostenibilidad de 30.000 entidades de acción social.
